La entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), trajo consigo una serie de cambios en la concepción del derecho agrario, dicho instrumento jurídico precisa una nueva forma de ver el trabajo desarrollado en el área rural, de allí que el artículo 306, establece que: “El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina un nivel adecuado de bienestar; así como su incorporación al desarrollo nacional. Igualmente, fomentará la actividad agrícola y el uso óptimo de la tierra, mediante la dotación de obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.”. Lo cual se concretó con la promulgación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (2010).

El principio fundamental de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, es establecer las bases del desarrollo rural integral y sustentable; ordenar el territorio rural considerando, entre otras variables, la productividad de la tierra, su vocación de uso y la eficiencia y eficacia productiva de los rubros agrícolas que se desarrollan en ella, garantizando el mantenimiento de las condiciones ecológicas requeridas para lograr un hábitat de calidad adecuada, afectando así el uso de todas las tierras públicas y privadas con vocación de uso agrícola.

De allí, que la derogación de la Ley de Reforma Agraria, promulgada por el Congreso de la República el 5 de marzo de 1960, trajo consigo cambios en las diversas estructuras jurídicas, organizativas y estructurales de la administración y regularización de la tenencia de tierras en Venezuela. Por lo que el derecho de propiedad agraria, está condicionado respecto a su pleno uso, goce y disfrute, puesto que se somete a todas las tierras con vocación agraria de propiedad pública y privada al cumplimiento de la función social, cuyo fin es garantizar la seguridad agroalimentaria de la Nación.

El derecho agrario en Venezuela se reviste de autonomía como disciplina del derecho que está encargada de regular los procesos asociados al derecho a la tierra. La legislación agraria venezolana, representa un conjunto de preceptos jurídicos que han sido establecidos para normar la tenencia de la tierra en el país; el derecho agrario tiene principios generales propios y líneas directivas complejas, cuyas normas jurídicas deben plasmarse según peculiares exigencias sociales y económicas.

De allí nuestro interés de dar a conocer y asesorar al sector agroproductivo del país del alcance de dichas normas legales vigentes, proporcionando a nuestros clientes las herramientas necesarias para garantizar sus Derechos, como sujetos beneficiarios y preferenciales de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que manifiestan su voluntad y disposición para la producción agrícola del país.

Lo que se traduce en su eficaz incorporación al proceso productivo, garantizándoles de tal manera:

·         El derecho a ser beneficiario de la Adjudicación o de la Declaratoria de Garantía de Permanencia, de la unidad de producción en la que se encuentra desarrollando su actividad agrícola comercial, por parte de INTI.

·         La obtención de la Certificación de Finca Productiva, de su unidad de producción.

·         Adquirir la Certificación de Finca Mejorable, en los casos de propietarios u ocupantes de tierras con vocación de uso agrícola que no se encuentren productivas o se encuentren infrautilizadas, por caso fortuito o fuerza mayor o cualquier otro hecho no imputable a estos.

·         La obtención del Registro Agrario Simple (RAS), documento que se obtiene para acreditar la propiedad privada de las tierras con vocación agrícola.

·         La evacuación ante los Tribunales Agrarios, de los Títulos Supletorios de Propiedad de las bienhechurías constituidas sobre lotes de terrenos con vocación agrícola.

·         La defensa de los derechos e intereses, de nuestros clientes, ante los Órganos Jurisdiccionales competentes.

·         La representación de los productores del sector agropecuario, ante las oficinas administrativas e Institutos Autónomos, adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, así como cualquier ente de la administración pública Nacional, Regional o Municipal, e Instituciones Privadas relacionadas con el Agro.

Desde Soluciones Agropecuarias Inagrofar, queremos que todas tus inquietudes Legales, puedan ser solventadas a través de nuestros Servicios de Asesoría Jurídica, brindándote todo el apoyo necesario para la defensa de tus derechos e intereses para optimizar la productividad de su empresa.

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Edición: Franger Núñez. Equipo técnico de Inagrofar. contacto@inagrofar.com